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Argentina ofrece ciudadanía a cambio de inversiones, después de que un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que tuvo la inversión extranjera directa más baja de toda América Latina en 2025.
Ante ello, el gobierno de Javier Milei anunció un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad a cambio de realizar una aportación económica al Estado o adquirir un título público. La iniciativa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa contempla dos alternativas: un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público por 800 mil dólares creado específicamente para este mecanismo.
Los cónyuges y los hijos del solicitante también podrán acceder al programa mediante aportaciones adicionales: los familiares de entre 18 y 25 años deberán aportar 100 mil dólares, mientras que para los menores de 18 años el monto será de 25 mil dólares.
Para una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el costo total sería de 500 mil dólares.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que los recursos obtenidos servirán para fortalecer la posición fiscal y financiera del país. El Ministerio de Economía señaló además que los solicitantes estarán sujetos a un proceso de evaluación que contempla controles sobre el origen de los fondos, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y seguridad nacional.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París, en el marco de una gira destinada a promover inversiones en el país. El Gobierno presenta la medida como parte de su estrategia para atraer capital extranjero y mejorar el clima de inversión.
El anuncio también coincide con la reciente decisión de la Corte Suprema argentina que dejó vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de terrenos por parte de extranjeros. La legislación anterior establecía un límite de 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
La combinación de ambas medidas ha generado debate político y social en Argentina. Mientras el Gobierno plantea la ciudadanía por inversión como una herramienta para atraer capitales, sectores de la oposición cuestionan las reformas relacionadas con la inversión extranjera y buscan llevar el tema al Parlamento.
