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El gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra el estado de California para que un juez federal impida contabilizar las papeletas de voto por correo para las elecciones de medio mandato de noviembre a más de 20 mil personas que el Gobierno considera inmigrantes indocumentados.
La acción legal fue presentada el jueves 15 de octubre por el Departamento de Justicia, que acusa al estado de mantener en su registro electoral a personas que presuntamente no cumplen los requisitos para participar en elecciones federales. Sin embargo, la acusación no significa que se haya demostrado que todas las personas señaladas carezcan de ciudadanía o hayan votado ilegalmente.
El gobierno federal argumentó que la legislación de California establece el envío de papeletas por correo a los votantes registrados, por lo que considera necesario verificar la elegibilidad de las personas incluidas en la lista cuestionada.
El Departamento de Justicia afirmó que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, analizó registros electorales y otros datos para identificar a quienes considera posibles no ciudadanos. Con base en esa revisión, solicitó la intervención de un juez federal para evitar que se contabilicen las papeletas correspondientes a las personas señaladas.
La presentación de la demanda ocurrió después de que funcionarios federales dieran a las autoridades electorales de California un plazo de 48 horas para revisar una lista de presuntos votantes no ciudadanos y apartar las papeletas relacionadas mientras se verificaba su elegibilidad.
El gobierno sostuvo que las autoridades estatales se negaron a cumplir con la exigencia. No obstante, funcionarios de California cuestionaron la metodología y la falta de verificación suficiente de los datos entregados por la administración federal.
Las autoridades electorales de California han advertido que no pueden excluir a personas del padrón únicamente por aparecer en una lista federal sin comprobar previamente su situación migratoria y ciudadanía.
De acuerdo con reportes de prensa, la lista fue entregada en una memoria USB y contenía más de 20 mil nombres. Funcionarios de California también han cuestionado el procedimiento y señalado que una identificación incorrecta podría afectar a ciudadanos estadounidenses que tienen derecho a votar.
El caso abre una nueva disputa entre el gobierno federal y las autoridades estatales sobre el alcance de la intervención de Washington en la administración de las elecciones. En Estados Unidos, los estados y sus autoridades locales desempeñan un papel central en la organización de los comicios.
Disputa electoral antes de las elecciones de noviembre
La demanda se suma a los esfuerzos de la administración Trump para intensificar la revisión de los registros electorales antes de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026.
La legislación federal prohíbe que personas que no son ciudadanas estadounidenses voten en elecciones federales. Sin embargo, el punto en disputa es si las personas identificadas por el gobierno realmente carecen de ciudadanía y si existen fundamentos legales suficientes para impedir el conteo de sus papeletas.
La resolución judicial podría determinar cómo se procesan los votos de las personas señaladas y establecer límites a las medidas que pueden exigir las autoridades federales a los responsables electorales de California. Al momento de la presentación de la demanda, el litigio seguía pendiente de resolución.
EFE
