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Estados Unidos anunció este jueves el retiro de visas a más de 60 funcionarios, altos cargos y personalidades de Colombia y Bolivia, presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico o corrupción, informó el Departamento de Estado.
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó que la medida forma parte de una estrategia para intensificar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina y recordó a los países que conforman el ‘Escudo de América’, combatir el crimen organizado en el continente, acordaron reforzar la cooperación regional.
En Colombia, 21 personas fueron incluidas en la lista de afectados, entre ellos Ricardo Roa Barragán, el expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien llegó a la Presidencia en 2022.
También aparece Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en la región Caribe colombiana.
La medida se enmarca en los esfuerzos de Washington por ejercer presión sobre personas que considera vinculadas con presuntas actividades ilícitas. La inclusión en esta lista de restricciones de visa no constituye, por sí misma, una condena penal.
En Bolivia, Estados Unidos anunció medidas contra 40 ciudadanos, entre ellos integrantes del Poder Judicial, fiscales, legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce. La lista incluye al juez Julio Alba Flores y al magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como a Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa región.
También figura Rony Suárez Milliet, señalado en investigaciones internacionales relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
A finales de septiembre, Washington ya había anunciado restricciones de visas contra otra veintena de altos funcionarios bolivianos. Entre los afectados se encontraba el fiscal general Roger Mariaca, quien posteriormente fue detenido por la policía, según el reporte citado.
Las nuevas medidas amplían la presión estadounidense sobre funcionarios y figuras públicas de ambos países en el marco de su estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico.
