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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un plan para eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano, aprobadas durante el anterior gobierno de Joe Biden, como una forma de reducir costos para los productores de petróleo y gas.
Durante un mitin electoral en Lubbock, Texas, el mandatario afirmó que «esta noche pondrá fin, de manera oficial, a las costosas e innecesarias regulaciones sobre el metano de Biden» y aseguró que la medida permitirá ahorrar 45 mil millones de dólares, desbloquear grandes cantidades de gas natural texano y producir 210 millones de barriles adicionales de petróleo.
El anuncio del republicano se forma parte de sus promesas de impulsar la producción nacional de combustibles fósiles y defender su gestión económica previo de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
Las normas aprobadas en 2024 durante el gobierno de Biden exigían a las compañías petroleras y gaseras detectar y reparar fugas de metano, inspeccionar periódicamente sus equipos y cumplir requisitos más estrictos para las instalaciones existentes, incluidos los pozos de baja producción.
La regulación también contemplaba medidas para identificar y reducir las emisiones procedentes de las operaciones de extracción y procesamiento de combustibles fósiles.
Entre los mecanismos incluidos se encontraba el programa Super Emitter, que permite a terceros detectar grandes emisiones de metano y notificar a las autoridades para que las empresas investiguen y reparen las fugas.
La propuesta impulsada por Trump busca eliminar parte de estas obligaciones y flexibilizar las restricciones a la quema rutinaria de gas en los pozos petroleros.
La decisión llega en un momento en que la Casa Blanca busca responder al encarecimiento de los combustibles, provocado en gran medida por los efectos de la guerra contra Irán, antes de las elecciones intermedias.
Algunos actores de la industria petrolera han presionado para que se eliminen las obligaciones de control de emisiones, mientras que organizaciones ambientales advierten de que una menor supervisión facilitaría las fugas de metano y aumentaría la contaminación en las comunidades próximas a las explotaciones.