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Este jueves, el gobierno de Donald Trump anunció la entrega de las primeras licencias de extracción minera en el Pacífico, pese a un reciente fallo judicial desfavorable.
Las dos concesiones, cuyos beneficiarios no han sido identificados públicamente, abarcan una superficie superior a las 12.5 hectáreas en zonas cercanas a Samoa Americana, archipiélago del Pacífico suroccidental bajo soberanía estadounidense.
Cada licencia fue adjudicada por 3 millones de dólares, en una operación que generó críticas entre integrantes de la comunidad local y organizaciones ambientalistas.
El secretario del Interior, Doug Burgum, calificó la operación como un paso histórico para la política minera y energética de Estados Unidos que forma parte de una iniciativa para asegurar el acceso a minerales considerados estratégicos para distintas industrias y sectores tecnológicos.
El anuncio se produjo después de que un juez estadounidense determinara el lunes que el gobierno había infringido la ley durante el proceso de otorgamiento de las licencias.
De acuerdo con el fallo, las autoridades no consideraron adecuadamente los posibles efectos de las concesiones sobre la flora y la fauna de la zona.
La decisión judicial abre cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para adjudicar las áreas y sus posibles consecuencias ambientales, mientras persisten las críticas de habitantes de la región y grupos conservacionistas.