Fotografía: Immigration And Customs Enforcement (ICE), Facebook
El 1 de diciembre de 2024, entrará en vigor la ley HB10 en Carolina del Norte, obligando a todos los alguaciles del estado a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las cárceles de los condados. Esta legislación ha generado gran controversia, especialmente entre las comunidades latinas, debido a su impacto en la población inmigrante del estado.
HB10 requiere que los sheriffs mantengan a los inmigrantes indocumentados detenidos hasta 48 horas adicionales si tienen una orden de detención de ICE, incluso si el detenido puede pagar fianza. La ley también establece que los sheriffs deben verificar el estatus migratorio de aquellos arrestados por delitos graves. Aunque muchos condados ya colaboraban con ICE, esta ley formaliza esa cooperación.
¿Qué cambios trae HB10?
Antes de HB10, muchos sheriffs no cooperaban con las solicitudes de detención de ICE, aunque algunos condados ya lo hacían voluntariamente. La nueva ley obliga a todos los alguaciles a aceptar las órdenes de ICE, incluso si no hay una orden judicial previa. Además, se extiende la retención de inmigrantes hasta que ICE pueda hacerse cargo de ellos.
¿Por qué se propuso esta ley?
El principal impulso de HB10 ha sido la resistencia de algunos sheriffs a colaborar con ICE, especialmente en condados con grandes comunidades inmigrantes. La ley responde a la frustración de algunos legisladores republicanos, que han criticado la postura de sheriffs demócratas de proteger a los inmigrantes indocumentados.
Impacto en la comunidad inmigrante
HB10 afectará principalmente a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves, pero también podría tener consecuencias para aquellos con delitos menores. Activistas y abogados han señalado que la ley puede llevar a casos de perfil racial y erosionar la confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales.
Posibles desafíos legales
A pesar de la aprobación de HB10, algunos funcionarios, incluido el fiscal general de Carolina del Norte, han expresado su oposición, lo que podría dar lugar a impugnaciones legales sobre la constitucionalidad de la ley, especialmente si los sheriffs exceden el tiempo permitido de detención.
