La promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas ha generado preocupación en California, uno de los estados más dependientes de la mano de obra inmigrante.
Este enfoque podría desencadenar efectos económicos devastadores, afectando sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados.
Una economía sostenida por inmigrantes
En California, más del 27% de la población es nacida en el extranjero, de los cuales se estima que entre 1.8 y 2.4 millones son indocumentados. Estas personas no solo son esenciales como trabajadores, sino también como consumidores y contribuyentes. Según el Instituto de Impuestos y Política Económica, en 2022 los inmigrantes indocumentados contribuyeron con más de 8,500 millones de dólares en impuestos locales y estatales.
Giovanni Peri, economista de la Universidad de California en Davis, estima que la pérdida de esta fuerza laboral podría reducir el 10% de la producción del estado, lo que equivale a cientos de miles de millones de dólares. Además, sectores como la agricultura y la construcción enfrentan desafíos adicionales, ya que sería costoso y complicado reemplazar a los trabajadores deportados.
Efectos en cadena y sectores vulnerables
Los expertos también advierten sobre los efectos secundarios de estas políticas. La disminución de trabajadores podría desestabilizar industrias como la hostelería, la tecnología y el cuidado infantil, donde los inmigrantes son esenciales.
La construcción, por ejemplo, enfrenta disparidades salariales significativas: mientras los trabajadores nacidos en Estados Unidos ganan en promedio 30 dólares por hora, los trabajadores indocumentados perciben solo 16 dólares.
“Detrás de cada ingeniero de software hay un ejército de niñeras, trabajadores de servicios de comida y jardineros”, explicó Manuel Pastor, sociólogo de la Universidad del Sur de California. Esta dependencia mutua entre sectores subraya cómo el impacto económico podría extenderse más allá de los trabajadores deportados, afectando la productividad general del estado.
La respuesta de las comunidades y empresarios
Las comunidades inmigrantes y organizaciones locales han comenzado a prepararse para resistir las posibles deportaciones. Desde difundir información sobre derechos legales hasta reforzar redes de apoyo, la movilización busca mitigar los daños previstos.
Al mismo tiempo, las pequeñas empresas, muchas dirigidas por inmigrantes, están preocupadas por las repercusiones económicas, ya que dependen de esta fuerza laboral para mantenerse operativas.
Por otro lado, líderes estatales como el gobernador Gavin Newsom han prometido luchar contra las políticas de Trump. En ciudades santuario como Oakland y San Francisco, se refuerzan medidas para proteger a las comunidades vulnerables, mientras que organizaciones como Unity Council trabajan para mantener la cohesión social en medio de la incertidumbre.
Un costo humano y económico
Más allá del impacto económico, estas políticas también afectan el bienestar de las familias inmigrantes. La incertidumbre ha llevado a muchos a vivir con temor, con consecuencias para sus hijos, quienes en muchos casos son ciudadanos estadounidenses. María Lemus, directora de Visión y Compromiso, destaca que el miedo ha llevado a algunas personas a evitar trabajar o enviar a sus hijos a la escuela, lo que agrava los efectos sociales.
En conclusión, las deportaciones masivas prometidas por Trump podrían ser un golpe para la economía de California, pero también para su tejido social. Mientras el estado se prepara para los desafíos que estas políticas podrían traer, las comunidades, líderes y empresas buscan formas de resistir y proteger a quienes son el motor de la economía estatal.
