Fotografía:Ken Lund, Flickr
Este lunes comenzó una sesión especial en la Legislatura de California, convocada por el gobernador Gavin Newsom con el objetivo de preparar al estado ante un posible segundo mandato del presidente electo Donald Trump.
El enfoque de esta sesión es fortalecer la protección en áreas como inmigración y medio ambiente, aspectos clave en los que California ha sido un estado de resistencia ante las políticas del gobierno federal en los últimos años.
El presidente electo Trump ha dejado claro que no tiene planes de permitir que California siga actuando como un “estado de resistencia”. En sus planes de gobierno, ha enfatizado medidas migratorias más estrictas, que incluyen la detención y deportación masiva de inmigrantes.
Este panorama preocupa a los demócratas californianos, quienes consideran que estas políticas podrían tener efectos devastadores en las comunidades y la economía del estado.
El senador demócrata Alex Padilla destacó que California no tiene intención de colaborar con la implementación de estas políticas. “No vamos a utilizar recursos estatales y locales para hacer el trabajo del gobierno federal”, afirmó en un programa de CBS.
Además, subrayó que la deportación indiscriminada afectaría gravemente la seguridad pública, ya que los inmigrantes temerían denunciar delitos, lo que aumentaría los riesgos para las comunidades.
A pesar de estas diferencias, Padilla afirmó que tanto demócratas como republicanos coinciden en la necesidad de centrarse en la deportación de criminales violentos, una medida que algunos aliados de Trump han señalado como un punto de partida para su plan migratorio.
Trump no ha tardado en responder a las políticas de Newsom, criticando al gobernador por lo que describió como un intento de “matar a la hermosa California”. En su red social Truth Social, Trump acusó a Newsom de querer frenar el crecimiento del estado con sus políticas. Sin embargo, Newsom y los legisladores californianos insisten en que estas acciones son necesarias para proteger a las comunidades ante un gobierno federal que consideran una amenaza para los derechos de los inmigrantes y la estabilidad económica.
La sesión especial legislativa busca implementar medidas que, entre otras cosas, aseguren fondos para enfrentar demandas legales contra la administración Trump. Durante el primer mandato del presidente, California presentó más de 120 demandas para proteger sus políticas y derechos ante los intentos del gobierno federal de imponer restricciones, especialmente en inmigración y medio ambiente.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha indicado que su oficina lleva meses preparándose para lo que se avecina. En caso de que la administración Trump infrinja las leyes del estado, especialmente en temas de inmigración, se tomarán acciones legales inmediatas, tal como lo estipula la ley SB-54, que impide el uso de fuerzas de seguridad locales para realizar redadas migratorias.
Esta sesión legislativa llega en un momento crítico para la comunidad latina en California, que representa una parte significativa de la población estatal. Las políticas migratorias del presidente Trump, si se implementan, podrían tener un impacto directo en las familias latinas, lo que aumenta la tensión y la incertidumbre. Sin embargo, los líderes del estado han reafirmado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la seguridad de los inmigrantes, independientemente de la postura del gobierno federal.
