El fiscal general de California, Rob Bonta, actualizó este miércoles la guía sobre las leyes estatales que restringen la colaboración de las agencias locales y estatales con las autoridades federales de inmigración. Esta acción responde al anunciado plan de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, quien asumirá la presidencia en enero de 2025.
La actualización refuerza el cumplimiento del Acta de Valores de California (SB 54), también conocida como la ley santuario, vigente desde 2018. Esta normativa prohíbe la participación de agencias estatales en operativos de inmigración, con excepciones limitadas, como en casos de delitos graves.
Según Bonta, la guía busca proteger los derechos de las comunidades inmigrantes y garantizar el acceso seguro a servicios esenciales, como bibliotecas, hospitales y juzgados.
El fiscal destacó que los espacios públicos en California no serán utilizados para implementar políticas que calificó de «inhumanas». Además, recomendó a instituciones públicas documentar solicitudes relacionadas con la aplicación de leyes migratorias y capacitar al personal para manejarlas de forma adecuada.
La guía actualizada también aborda cómo estas instituciones deben actuar frente a potenciales incursiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de proteger a las familias inmigrantes en un estado donde residen millones de personas sin estatus legal.
Los Ángeles (EE.UU.), 4 dic (EFE).-
