Washington, 8 ene (EFE).-Organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes han criticado fuertemente la Ley Laken Riley, aprobada el martes por la Cámara Baja del nuevo Congreso de Estados Unidos. Consideran que esta ley facilita el plan de deportaciones masivas de Donald Trump y elimina el debido proceso para los acusados de delitos no violentos.
Deportaciones masivas y discriminación racial
Si el Senado aprueba la ley este viernes, Trump fortalecerá su capacidad para realizar deportaciones masivas. Además, algunos expertos advierten que la ley abriría la puerta a la discriminación racial al tratar los delitos no violentos. La ACLU subrayó que esta ley representa una amenaza para las libertades civiles y viola principios constitucionales.
El proyecto de ley ordena la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos no violentos, como el robo, para su deportación. La Coalición de Inmigración de Nueva York advirtió que la ley elimina el debido proceso y podría llevar a la deportación de personas acusadas sin haber sido condenadas.
Posible separación de familias sin condena previa
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, explicó que los inmigrantes podrían ser separados permanentemente de sus familias antes de tener la oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia.
Aumento de la discriminación racial y detenciones innecesarias
Sarah Mehta, de ACLU, comentó que la ley podría fomentar la discriminación racial. Además, podría llevar a miles de personas a cárceles y centros de detención, incluso si un juez de inmigración no cree que representan un riesgo para la comunidad.
La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. José Ibarra, un venezolano, fue hallado culpable del crimen.
Críticas a la aprobación de la ley y apoyo demócrata
Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream Action, consideró que la ley explota la tragedia de Laken Riley para justificar la criminalización de las comunidades inmigrantes. También expresó su decepción por el apoyo que algunos demócratas dieron a la ley, en lugar de defender un sistema de inmigración justo y humano.
La ley también otorga facultades a los fiscales generales estatales para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si consideran que sus residentes han sido perjudicados por las políticas migratorias.
