Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- Un total 1.881 migrantes han sido deportados o expulsados de Panamá en los últimos cinco meses, como parte de la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos tras la firma de un memorándum de entendimiento entre los dos países, informaron este lunes las autoridades panameñas.
El Gobierno panameño indicó en un informe que durante los últimos cinco meses de la gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, que asumió su mandato el 1 de julio pasado, se “ha deportado a 1.627 migrantes irregulares y expulsado a otros 254”.
Ese informe añade que hasta la fecha van “43 vuelos de deportación”, y detalla que del total de migrantes deportados y expulsados “133 fueron retornados a sus países en 16 vuelos comerciales” financiados con recursos del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá.
“En estos viajes, se repatriaron a 50 ciudadanos colombianos, 17 venezolanos, 15 nicaragüenses y 51 migrantes provenientes de otras naciones”, resalta la nota oficial difundida por el Ministerio de Seguridad (Minseg).
En menor cantidad se han deportado migrantes de Irán, Perú, Afganistán, Líbano, China, Armenia, Yemen, Pakistán, Ghana y Turquía, amplía el informe.
El acuerdo, suscrito el 1 de julio pasado por Panamá y Estados Unidos, contempla la repatriación vía aérea y en base a las leyes panameñas de migrantes irregulares que hayan llegado a Panamá tras cruzar la selva fronteriza con Colombia, con Estados Unidos financiando los vuelos.
El paso de migrantes irregulares por la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, se redujo en un 89 % en las primeras dos semanas de este mes de enero, en comparación con el mismo lapso del año pasado, cuando en total el flujo por la zona disminuyó un 42 %, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Entre el 1 y el 14 de enero de este año 9.002 personas llegaron a Panamá tras cruzar la jungla, 8.048 menos que en el mismo lapso de 2024, lo que representa una caída del 89 %, indicó un comunicado del SNM.
El Gobierno panameño, que asumió el poder el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, vincula la pronunciada caída del tránsito migratorio a medidas como el cierre de caminos en la selva para dejar uno solo, que ha llamado corredor humanitario, la aplicación de multas por entrar de manera irregular al país, la temporada de lluvias en meses pasados, y un programa de vuelos de deportación financiado por EE.UU.
