Nueva York, 14 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos dictaminó el viernes que la Administración de Donald Trump puede implementar temporalmente una prohibición de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés) dentro de las agencias federales.
El panel de jueces de esta corte, con sede en Richmond (Virginia), consideró que dos órdenes ejecutivas contra la DEI de Trump, que se habían tratado de bloquear en los tribunales, probablemente eran constitucionales, en desacuerdo con un fallo emitido en febrero por un juez federal en Maryland.
Desde su toma de posesión en enero, Trump firmó dos controvertidas órdenes ejecutivas que buscan erradicar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en agencias federales y en empresas con contratos gubernamentales.
Una de las órdenes ejecutivas sometería a las agencias federales a abolir todos los programas de DEI dentro del Gobierno federal y la segunda exigiría a los beneficiarios de subvenciones y contratos federales que certifiquen que no implementan programas de inclusión, equidad y diversidad.
El panel de apelaciones, compuesto por tres miembros —incluyendo a dos jueces nombrados por presidentes demócratas—, levantó la orden judicial de un tribunal inferior que había suspendido la política el mes pasado.
“Las órdenes ejecutivas no pretenden establecer la ilegalidad de todos los esfuerzos para promover la diversidad, la equidad o la inclusión, y no deben entenderse como tal”, dijo la jueza Pamela Harris, designada previamente por el Partido Demócrata, sobre el fallo.
Y es que, según los magistrados, se debería permitir que la Administración Trump demuestre que cumplirá con las leyes Antidiscriminación y respetará los derechos de la Primera Enmienda al aplicar las órdenes ejecutivas.
Además, estimaron que no está claro qué tipos de programas pretende eliminar Trump y que resultaba prematuro adelantarse.
En un fallo del mes pasado, el juez federal Adam Abelson suspendió disposiciones clave de las órdenes de Trump, argumentando que probablemente resultarían en una “aplicación arbitraria y discriminatoria”.
