San Salvador, 20 mar (EFE).- Abogados de la organización no gubernamental Cristosal denunciaron este jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al actual ministro de Salud, Francisco Alabí, y a Jorge Aguilar -exfuncionario de la cartera- por presuntos actos corruptos en El Salvador durante la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con información de la ONG, el Ministerio de Salud compró 100.000 protectores faciales a la sociedad INSEMA, S.A. de C.V. de la que Aguilar era accionista y presunto beneficiario final.
La denuncia señala que “el contrato de compra fue por 250.000 dólares a un precio unitario de 2,50 por cada protector facial, lo que representa un sobreprecio del 121 % en comparación con los precios -en ese momento- ofrecidos a otras entidades privadas”.
Cristosal explicó que “un aspecto alarmante es que los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas según el decreto legislativo vigente en ese momento, lo que sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales”.
La abogada Ruth López dijo a periodistas que insta al TEG “a que investigue y determine la responsabilidad ética que estos funcionarios han podido tener”.
El Tribunal de Ética Gubernamental es el ente rector de la ética pública, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, con competencia para prevenir y sancionar las prácticas corruptas en El Salvador.
“La pandemia, lastimosamente, sirvió para que muchos funcionarios se beneficiaran de los recursos públicos y de las contrataciones públicas”, señaló López.
La abogada recordó que Cristosal presentó en noviembre pasado una denuncia, también ante el TEG, contra el ministro de Salud por “haber favorecido a sus familiares a través del proceso de contrataciones públicas” y lamentó que “casos como este no hayan sido investigados por las instituciones correspondientes”.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzó en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyo acuerdo de cooperación fue cesado en 2021.
La Cicies habría entregado 25 avisos a la Fiscalía General, entre estos 12 posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado.
Dichos avisos dieron pie -en noviembre de 2020- a una serie de allanamientos a diferentes instancias del Gobierno de Bukele como parte de las investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de la pandemia de la covid-19.
Se desconoce si las investigaciones mencionadas siguen abiertas o si fueron archivadas por la Fiscalía tras la llegada de su actual titular, Rodolfo Delgado, quien anteriormente fue asesor del Ejecutivo.
