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El gobierno de Donald Trump busca impulsar el programa 287(g), que permite la colaboración de policías locales con agentes del ICE, para acelerar las deportaciones masivas, una de sus principales promesas de campaña.
La Casa Blanca ha mostrado su frustración con el ICE por el lento ritmo de expulsiones, lo que provocó la destitución de su director interino en febrero. A pesar de tener más de 46,000 inmigrantes en custodia, la agencia enfrenta falta de agentes y presupuesto, lo que ha llevado a reforzar acuerdos con policías estatales y locales.
Estados como Georgia y Florida han ampliado su participación en el programa. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, solicitó capacitar a 1,100 oficiales para identificar y detener inmigrantes indocumentados que representen un riesgo, mientras que Florida ha logrado que los 67 condados del estado firmen acuerdos de cooperación con el ICE.
A nivel nacional, 360 agencias policiales ya colaboran con el ICE, y otras están en proceso de sumarse, como en Maryland. Sin embargo, el programa es controvertido, pues críticos advierten que fomenta la discriminación racial y daña la confianza de la comunidad inmigrante en la policía.
La medida también enfrenta obstáculos financieros. Algunos estados han señalado que la implementación del 287(g) eleva sus costos, lo que podría frenar su expansión. Organizaciones como la ACLU y el Texas Civil Rights Project consideran que es un desperdicio de recursos y un riesgo para los derechos civiles de los inmigrantes.
EFE
