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La reciente presencia de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en diversos negocios hispanos de Tucson, especialmente en el sur de la ciudad, ha generado preocupación y miedo entre los propietarios y trabajadores. El caso de Beef Master Meat Market, una carnicería local, ejemplifica los efectos de estos operativos, que han causado un impacto negativo en en el negocio.
El dueño de la carnicería, Marco Antonio López, relató que la semana pasada, más de 16 agentes migratorios llegaron fuertemente armados y rodearon su establecimiento, mientras vehículos encubiertos se estacionaban estratégicamente.
Los agentes, que portaban armas de alto calibre, explicaron que el operativo no era una redada, sino una verificación para asegurarse de que sus empleados tuvieran la documentación necesaria para trabajar legalmente en Estados Unidos. A pesar de que no hubo arrestos, los agentes se llevaron registros de los trabajadores, el negocio y los proveedores.
López comentó que, al día siguiente, ninguno de sus ocho empleados se presentó a trabajar, lo que ha dejado la carnicería funcionando con la familia como único personal. La reducción de ingresos ha sido dramática, ya que, además de perder a sus empleados, se ha visto obligado a cerrar temporalmente su servicio de comida preparada.
El temor de los empleados, en su mayoría de estatus migratorio mixto, es otro factor que ha complicado la situación. Muchos temen que ICE pueda intervenir en sus hogares, afectando no solo a ellos, sino a sus familias completas.
María Eugenia Carrasco, de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, indicó que los operativos de ICE no solo afectan a los trabajadores, sino que también intimidan a los proveedores y clientes, lo que agrava la situación económica de los pequeños negocios. Según Carrasco, más de la mitad de los negocios hispanos en el sur de Tucson han sido visitados por ICE en los primeros meses del gobierno de Donald Trump.
La visita de ICE a Beef Master Meat Market podría ser solo el inicio de una auditoría más profunda, lo que obligaría a López a incurrir en más gastos y, posiblemente, a contratar un abogado. Además, en caso de que se descubran irregularidades, los negocios enfrentan multas de hasta 27.000 dólares por empleado. Este panorama ha obligado a López a considerar la reestructuración de su negocio, lo que solo traería más pérdidas económicas.
La situación ha generado un ambiente de temor en la comunidad hispana de Tucson, especialmente en los negocios que dependen de la mano de obra migrante. Activistas han pedido que se tomen medidas para proteger a los inmigrantes y evitar que la política migratoria actual siga afectando a las pequeñas empresas y a las familias trabajadoras.
EFE
