San Salvador, 26 mar (EFE).- La tasa de presos en El Salvador es la “más alta del mundo”, con 1.824 privados de la libertad por cada 100.000 habitantes, lo que eleva en un 369,5 % el hacinamiento carcelario en el país centroamericano, alertaron este miércoles representantes de organizaciones de derechos humanos.
“Hay distintos datos que reflejan que, hoy por hoy, El Salvador tiene la tasa de personas privadas de la libertad más alta en el mundo” y “eso representa que el 2,6 % del total de la población adulta se encuentra privada de la libertad”, apuntó la directora del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca), Gabriela Santos, durante la presentación de un informe en San Salvador.
Santos reveló que en El Salvador, prácticamente, están encarcelados los hombres jóvenes.
“Que el 2,6 % de la población adulta esté encarcelada y que esa sea la medida o la política pública (en materia de seguridad) por excelencia del Gobierno deja mucho que desear”, analizó la investigadora.
Santos añadió que el hacinamiento en el sistema penitenciario es del 369,5 %, nivel que ha aumentado desde la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para “combatir” a las pandillas.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) publicó un informe en agosto de 2022 en el que señaló que la capacidad de las cárceles salvadoreñas a diciembre de 2020 era de 30.864 personas y que antes del régimen de excepción, “ya había una situación de sobrepoblación carcelaria de alrededor de un 119 %, ya que la población de privados de libertad era de 36.663”.
El Salvador cumple mañana, jueves 27 de marzo, tres años con la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, bajo el régimen de excepción por medio del cual se han detenido a más de 85.000 presuntos pandilleros y supuestos colaboradores de estas bandas criminales.
El régimen de excepción ha sido prorrogado en 36 ocasiones por períodos de 30 días y cumplirá tres años de su implementación en medio de polémicas, por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La medida extraordinaria se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas durante un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
Este régimen se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que muchos afirman le allanó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
