Quito, 27 mar (EFE).- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, premió con un pago único extra de 507,06 dólares a todos los policías y militares en servicio activo del país, como compensación por su esfuerzo en la “guerra” que el mandatario le declaró a las bandas del crimen organizado, causantes de la crisis de violencia extendida a nivel nacional.
Noboa anunció esta compensación a través de dos decretos publicados el miércoles, ya dentro del periodo de campaña electoral donde el mandatario busca ser reelegido para un mandato completo (2025-2029) frente a la candidata correísta Luisa González, su rival en la segunda vuelta, que se celebrará el 13 de abril.
Los policías y militares en servicio activo en Ecuador bordean actualmente los 100.000 uniformados, de los que cerca de 60.000 pertenecen a la Policía Nacional y unos 40.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, en el conjunto de sus tres institutos castrenses (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
En Ecuador, el personal policial y militar se encuentra entre los grupos que no están obligados a votar, ya que prácticamente todos ellos están desplegados el día de la votación para resguadar los recintos electorales.
En un comunicado emitido este jueves, la Presidencia de Ecuador señaló que “esta compensación se ha denominado Plan Legado de Honor”.
“Día a día, los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas enfrentan a la delincuencia y el crimen organizado, protegiendo a las familias ecuatorianas y poniendo el bienestar del país por encima de su propia vida”, aseveró la Presidencia ecuatoriana.
“La decisión inquebrantable de estar del lado correcto de la historia, en el marco del ‘conflicto armado interno’, debe ser reconocida”, agregó.
Noboa declaró la “guerra” al crimen organizado al inicio de 2024, cuando situó al país bajo el estado de “conflicto armado interno” y decretó una serie de sucesivos estados de excepción para enfrentar a las bandas criminales, lo que incluyó la participación de militares en operativos contra la criminalidad y la militarización de las cárceles controladas por estructuras criminales.
Con ello, el mandatario buscó atacar a las bandas criminales, catalogadas ahora por el Gobierno como grupos terroristas, que están detrás de la escalada de violencia que afecta a Ecuador y que ha hecho que se sitúe a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, agudizada al inicio de 2025 con un promedio de un asesinato cada hora en el país.
El desarrollo de esta estrategia no ha estado exenta de polémicas, pues según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía de Ecuador registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde el inicio del “conflicto armado interno”, 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, aunque el organismo cree que son más.
