Miami (EE.UU.), 28 mar (EFE).- La posible deportación de la activista migratoria mexicana Jeanette Vizguerra quedó pendiente tras una audiencia este viernes en Denver (EE.UU.) en la que no hubo decisión de la jueza, que sin embargo ordenó que la activista permanezca detenida.
Una jueza federal de la Corte de Distrito en Denver no se pronunció sobre la solicitud de liberación de Vizguerra, detenida recientemente por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación, pero permitió modificar el petitorio de emergencia sobre la legalidad de ese arresto.
Durante una breve audiencia, la jueza Nina Wang determinó que Vizguerra, de 53 años, seguirá confinada en el centro de detención de inmigrantes en Aurora, al este de Denver.
La magistrada aceptó la solicitud de Laura Lichter, abogada principal de Vizguerra, para modificar su petición urgente de hábeas corpus, recurso legal destinado a determinar la legalidad de una detención, para incluir el nuevo argumento de que ICE violó la libertad de expresión de la activista.
Los fiscales federales no se opusieron a la inclusión del argumento relacionado con la Primera Enmienda, cuya presentación formal debe realizarse antes del 8 de abril.
En un fallo anterior, la jueza Wang había ordenado a la administración federal no deportar a Vizguerra ni trasladarla fuera de Colorado mientras se resuelve el caso.
Vizguerra también tiene otro caso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver sobre la validez de la orden de deportación.
Durante una rueda de prensa frente al tribunal después de la audiencia de hoy, la abogada Lichter calificó el arresto de Vizguerra de “incumplimiento de la Constitución”, afirmando que la mexicana fue detenida “por su activismo, por hablar abiertamente sobre el proceso y por su labor organizativa.”
Durante la audiencia, la defensa argumentó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, en inglés) se comunicó directamente con Vizguerra sin la presencia de sus abogados en el marco de la evaluación para establecer si hay “miedo fundamentado” de la inmigrante para no regresar a su país de origen.
Esa evaluación está programada para el próximo lunes, dos semanas después del arresto de Vizguerra el pasado 17 de marzo. Los abogados federales aceptaron que la abogada defensora esté presente durante ese procedimiento.
En la audiencia, los representantes migratorios defendieron la validez de la orden de deportación de Vizguerra.
“La agencia tiene la obligación de cumplir con sus normativas”, declaró Timothy Jafek, en representación de la Oficina del Fiscal General de EEUU y en nombre de ICE y del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.
“Hasta que una corte le indique a ICE que su orden de deportación es inválida, la agencia seguirá aplicando sus reglamentos”, puntualizó Jafek.
