Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), encabezada por el abogado Carlos Beraldi, afirmó este lunes que los “recursos de queja” presentados hoy ante la Corte Suprema de Justicia para anular su condena por un caso de corrupción apuntan a “violaciones de garantías constitucionales” y “arbitrariedades” en el proceso.
“Hemos presentado un recurso de queja, a efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectúe un análisis sobre violaciones de garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso”, sostuvo Beraldi en una rueda de prensa.
El abogado instó al Supremo a que corregir “arbitrariedades” detectadas durante el proceso que culminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la obra pública durante su mandato.
Beraldi denunció que las intervenciones en distintas instancias de jueces y fiscales “no cumplen con los estándares internacionales, en cuanto a la necesidad de que sean independientes e imparciales del poder político”.
El recurso fue presentado después de que, el pasado 21 de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible una petición de la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronismo) para que su caso fuera revisado por la Corte.
“En este proceso se limitó de una manera incorrecta y arbitraria la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, la posibilidad de que el tribunal analice todas y cada una de las defensas que fueron presentadas”, explicó el abogado, que enfatizó además que “los jueces no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente”.
De acuerdo a Beraldi, la sentencia contra Fernández carece de fundamentos jurídicos y se “la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido”. “Esto es lo que la Corte tiene que analizar”, añadió.
El Supremo, que no tiene plazos para expedirse sobre el caso, puede tomar el recurso presentado y emitir un fallo o rechazarlo y no analizar la cuestión de fondo, algo que obligaría a la expresidenta a recurrir a organismos internacionales.
En caso de que el máximo tribunal ratifique la condena, Fernández, de 72 años, podría cumplir su pena de forma domiciliaria, ya que la ley argentina concede ese beneficio a personas mayores de 70 años.
“Cristina (Fernández) nunca tiene miedo, está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa, y sabe por qué este proceso existe. Existe no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas, que hay ciertas personas que no se lo perdonan”, concluyó el abogado.
Además del recurso de queja, la defensa de Fernández presentó un segundo escrito para recusar al juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, designado por decreto del presidente Javier Milei, y argumentó que su intervención en la causa vulneraría la independencia del proceso.
La Justicia argentina condenó -en primera y segunda instancia- a la expresidenta por irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez.
En la causa, conocida como ‘Vialidad’, la Justicia determinó que hubo una administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de contratos viales a empresas de Báez, quien también fue condenado a seis años de prisión junto con otros exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
