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El Gobierno del expresidente Donald Trump logró este jueves una victoria legal clave luego de que un juez federal permitiera avanzar con un plan que exige a millones de inmigrantes indocumentados inscribirse en un registro oficial y proporcionar sus huellas dactilares, bajo amenaza de multas o cárcel.
El juez Trevor McFadden, designado por el propio Trump, rechazó la demanda de cuatro organizaciones proinmigrantes que intentaron frenar la medida, argumentando que no se siguieron los procedimientos legales adecuados para su implementación. La política, denominada Requisito de Registro de Extranjeros, entrará en vigor este viernes 11 de abril.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre 2,2 y 3,2 millones de extranjeros serían afectados, aunque los demandantes aseguran que el número podría ser mucho mayor. El objetivo del plan, afirman expertos, es presionar a los inmigrantes a abandonar voluntariamente el país, ya que al inscribirse estarían proporcionando información que podría facilitar su deportación. Sin embargo, quienes no se registren enfrentarían penas más severas que las actuales sanciones civiles por estar indocumentados.
Todos los indocumentados mayores de 14 años que hayan permanecido en EE.UU. por más de 30 días deberán inscribirse, y los tutores legales deberán hacer lo propio por los menores, aunque estos no serán obligados a dar huellas. El registro ya está disponible en el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y los inscritos deberán portar su comprobante en todo momento.
EFE