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Una jueza federal en California emitió una orden que restringe severamente los arrestos de indocumentados por parte de la Patrulla Fronteriza, tras una polémica redada en zonas agrícolas del condado de Kern. El fallo prohíbe detener a personas sin una orden judicial o sin una sospecha razonable de que son indocumentadas, y obliga a documentar todos los operativos futuros.
La magistrada Jennifer Thurston falló a favor del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), tras una demanda presentada por las detenciones realizadas el 7 y 8 de enero por agentes que viajaron más de 500 kilómetros fuera de su jurisdicción. Durante ese operativo, al menos 40 campesinos fueron detenidos, uno de ellos ciudadano estadounidense.
La orden preliminar aplica a todo el Distrito Este de California, desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón, y busca proteger a comunidades agrícolas de operativos sin base legal. “El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas”, dijo Bree Bernwanger, abogada de la ACLU.
Las detenciones causaron conmoción en la comunidad. Muchos de los arrestados fueron trasladados al sur del estado, privados del debido proceso y forzados a abandonar el país. Al menos 40 residentes de larga data están ahora varados en México, separados de sus familias.
“La Patrulla Fronteriza no puede actuar como si estuviera por encima de la ley”, advirtió Teresa Romero, presidenta del UFW.
EFE