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Una coalición de defensores públicos, grupos de derechos civiles e inmigrantes acudió este lunes a la Corte Suprema del estado de Nueva York para sumarse a una demanda que intenta frenar el regreso de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a la cárcel de Rikers Island. Esta medida fue autorizada por el alcalde Eric Adams tras un acuerdo con la administración de Donald Trump en febrero.
El documento presentado advierte que permitir el regreso de ICE causaría un daño “inmediato e irreparable” a inmigrantes detenidos, sus familias y comunidades. Legal Aid, una organización de abogados de interés público, argumentó que la orden ejecutiva 50, que habilita a ICE a reinstalar su oficina en Rikers, representa una peligrosa violación a las leyes de refugio de la ciudad.
ICE fue expulsado de Rikers en 2014 tras la aprobación de normas que declaraban a Nueva York como ciudad santuario. Su retorno, alegan los demandantes, facilitaría el acceso federal a información confidencial de detenidos y podría revivir patrones de abusos y deportaciones injustas.
La orden ejecutiva 50 es una clara violación de las protecciones de santuario e invita a una nueva era de discriminación y violaciones constitucionales”, denunció Meghna Philip, directora de Litigios Especiales de Legal Aid.
Mientras el tribunal analiza el fondo del caso, la reinstalación de ICE en Rikers permanece suspendida temporalmente.
EFE
