Washington, 27 may (EFE).- La Radio Nacional Pública (NPR en inglés) y varias emisoras locales en EE.UU. impusieron una demanda este martes contra la Administración del presidente, Donald Trump, por su orden de cortar fondos federales a estos medios, que ven el decreto como una violación a la Constitución y la libertad de expresión.
La demanda alega que el Gobierno busca usurpar la autoridad del Congreso de decidir a dónde se dirige y cómo se gasta el dinero de las arcas federales, y nombra como acusados a Trump, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros funcionarios.
La acción legal llega en respuesta a un decreto del mandatario, que a principios de mayo ordenó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y la cadena de televisión PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.
La orden ejecutiva también incluye negar cualquier “financiación futura” para ambas emisoras, cuyos fondos públicos son manejados directamente por el Congreso estadounidense.
Según NPR, que defiende su integridad e independencia editorial, esta acción del presidente también va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, donde se consagra y protege el derecho a la libre expresión.
“La orden ejecutiva (de Trump) es una clara violación de la Constitución y las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y asociación, y la libertad de prensa”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, en un comunicado publicado por el medio.
En su decreto, Trump invocó su autoridad como presidente y dijo que ni NPR ni PBS “ofrecen una representación justa, precisa e imparcial de la actualidad a los contribuyentes”.
La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal canal de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos 535 millones de dólares para el actual año fiscal.
Aunque los fondos federales representan cerca del 1 % del presupuesto total de NPR, suponen entre el 8 % y el 10 % para sus más de 1.300 emisoras afiliadas.
Tres de estos medios se unieron a la demanda de NPR: la Radio Pública de Colorado y las locales Radio Pública de Aspen y la KSUT, esta última con transmisiones dirigidas a cuatro tribus nativas en los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.
El ataque contra NPR y PBS no es el primero de la Administración contra los medios públicos. En marzo, Trump ordenó el cierre de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales (USAGM), lo que supuso la suspensión en las operaciones de la emisora Voz de América y el cese de más de 1.300 empleados, quienes también demandaron al Gobierno.
