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La Radio Nacional Pública (NPR) y varias emisoras locales demandaron este martes a la Administración de Donald Trump por su orden de reducir al mínimo legal los fondos federales destinados a NPR y a la cadena PBS, decisión que consideran una violación a la Constitución y a la libertad de expresión.
La demanda, presentada en un tribunal federal, acusa al Gobierno de intentar usurpar el poder del Congreso, único órgano autorizado para asignar los fondos públicos. En ella se señala como responsables a Trump, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La presidenta de NPR, Katherine Maher, calificó la medida como una “clara violación” de la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa. NPR defiende su independencia editorial ante las acusaciones de sesgo izquierdista por parte del presidente.
Aunque los fondos federales representan solo el 1 % del presupuesto de NPR, son vitales para más de 1,300 emisoras afiliadas, muchas en comunidades rurales o indígenas. Tres emisoras locales se sumaron a la demanda: la Radio Pública de Colorado, la Radio Pública de Aspen y KSUT, que transmite a comunidades nativas.
Esta no es la primera ofensiva de Trump contra medios públicos. En marzo, ordenó el cierre de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales, afectando a la emisora Voz de América y dejando sin empleo a más de 1,300 trabajadores, quienes también han emprendido acciones legales.
EFE
