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Este jueves, agrupaciones civiles y proinmigrantes se movilizaron frente a la corte Wilkie D. Ferguson en Miami para denunciar la ley SB 4-C, que convierte en un delito estatal la migración irregular en Florida. La protesta acusa al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general James Uthmeier de permitir arrestos bajo esta ley, a pesar de una orden judicial que suspende temporalmente su aplicación.
“Florida tiene una de las políticas migratorias más draconianas en EE.UU.”, declaró Cody Wofsy, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). La SB 4-C, aprobada en febrero, permite a la policía estatal arrestar migrantes indocumentados, criminalizando su entrada al estado.
La protesta coincidió con una audiencia judicial en la que se acusa a Uthmeier de desacato por enviar una carta a la policía declarando que la suspensión de la ley no les aplica, lo que ha permitido la continuación de arrestos. Las organizaciones civiles comparan esta actitud con la del presidente Donald Trump, al que también acusan de violar órdenes judiciales en temas migratorios.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante —más de 5 millones de extranjeros y 1.1 millones de indocumentados—, se ha convertido en epicentro de políticas agresivas contra migrantes. DeSantis incluso propuso usar la Guardia Nacional para acelerar deportaciones y que la Patrulla de Carreteras realice redadas migratorias.
Expertos advierten que estas acciones generan temor en la comunidad, dificultando la vida cotidiana de los migrantes y creando un clima hostil y persecutorio. El pasado mes, Florida fue escenario de un operativo récord de ICE con más de 1,100 arrestos en una semana, evidenciando la creciente tensión social en el estado.
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