Washington, 4 jun (EFE).- Un guatemalteco deportado por error a México regresó a Estados Unidos este miércoles en cumplimiento de una orden de un tribunal federal que exigió a la Administración de Donald Trump gestionar el retorno del inmigrante, lo que marca la primera vez que el gobierno republicano acepta en traer al país a un extranjero expulsado.
Al hombre, que en la causa legal ha sido identificado por las iniciales O.C.G., se le permitió hoy su ingreso a Estados Unidos, según confirmó a la CNN Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que defiende al inmigrante.
El equipo legal de la Alianza cree que el inmigrante quedará bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras pelea su caso frente a una corte de inmigración, detalló la CNN.
El regreso del inmigrante constituye la primera vez que el Gobierno Trump facilita la vuelta de un extranjero expulsado sin el debido proceso.
La semana pasada el Ejecutivo estadounidense había dicho que cumpliría con la orden judicial emitida por el juez Brian Murphy del Tribunal de Distrito de Massachusetts que exigía el regreso del guatemalteco, tras considerar que se cometió un error al expulsarlo.
Y es que, un tribunal de inmigración había emitido una orden que protegía al guatemalteco de ser enviado a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en autobús a México, desde donde fue enviado a su país de origen, y donde se mantenía escondido.
Los abogados de O.C.G. han asegurado que, por ser homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dijo haber sido violado.
En su momento, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, justificó el envío de O.C.G. a México, que según ella era “una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo”.
Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración de Trump traer de vuelta a un migrante deportado. Varias cortes han ordenado a la Casa Blanca regresar a expulsados a los que no se les dio oportunidad de pelear sus casos en corte, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García.
El salvadoreño fue deportado en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión, y aunque el Gobierno consideró que su expulsión fue un error administrativo, argumentó que no podía ayudar en su retorno porque ya se encontraba bajo custodia de otro país.
