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Más de una decena de familias indígenas tzotziles, desplazadas desde 2016 por la violencia armada en el municipio de Chenalhó, Chiapas, exigieron este lunes al Gobierno estatal una reubicación integral y definitiva, tras casi una década viviendo en condiciones de extrema precariedad.
“Han pasado nueve años desde el trágico desplazamiento forzado que sufrimos. Desde entonces, vivimos en condiciones de extrema vulnerabilidad”
Denunció Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias afectadas, durante una rueda de prensa en San Cristóbal de las Casas. La mujer también recordó el asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández durante ese periodo de violencia.
Las familias fueron expulsadas de su comunidad por enfrentamientos entre grupos armados y actualmente habitan en un campamento provisional donde el hacinamiento, la falta de servicios básicos y las viviendas improvisadas con láminas y tejas las exponen al frío y las lluvias.
Ante la situación, exigieron al gobernador Eduardo Ramírez establecer un diálogo directo para resolver su situación. “No hay una ruta clara para garantizar nuestra seguridad y vivienda digna”, lamentó Cruz.
Por su parte, Alonso Gutiérrez, padre de ocho hijos, denunció las pésimas condiciones del campamento: “El agua entra por el techo y el frío afecta a los niños. Hemos puesto plásticos, pero el sol y la lluvia los rompen”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que entre 16.000 y 21.000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas en los últimos años, principalmente por conflictos agrarios y violencia armada.
Las familias tzotziles hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar sus derechos a la salud, educación, vivienda y trabajo, y advirtieron que las condiciones climáticas en la región podrían agravar aún más su situación.
EFE