San Juan, 23 jun (EFE).- Ana Piquer, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó este lunes que Puerto Rico debe establecer “barreras de cortafuego” contra las autoridades estadounidenses por las políticas discriminatorias de migración que impulsa Donald Trump.
Como lo establecen los estándares internacionales en la materia, Piquer sostuvo en un comunicado que las autoridades locales deben establecer esas barreras para que no se organicen operaciones de control migratorio en escuelas, cortes, iglesias, clínicas o en otros espacios públicos.
Además, exigió que se les prohíba a los proveedores de servicios proporcionar, intercambiar o compartir información sobre la situación migratoria de las personas migrantes con las autoridades migratorias.
Ante ello, Piquer pidió a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a que se ponga “del lado de la dignidad humana”.
“No puede haber complicidad ni colaboración con políticas que han demostrado ser crueles y arbitrarias en Estados Unidos; y que ahora desgarran a las comunidades y barrios trabajadores de Puerto Rico”, afirmó.
Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ha detenido en Puerto Rico a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano.
De acuerdo con Piquer, Amnistía Internacional ha documentado las arbitrariedades y los impactos de las medidas migratorias y de asilo del presidente Trump, y el escenario coincide con muchas de las preocupaciones y denuncias de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña.
Entre esas preocupaciones, Piquer mencionó el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y falta de protección legal para las personas detenidas.
Fuentes abiertas consultadas por Amnistía Internacional constatan que los operativos migratorios se han dirigido a barrios tradicionalmente migrantes y de personas trabajadoras, asediándolas en sus hogares, camino al trabajo o directamente en sus centros laborales.
Piquer aseguró que estas detenciones han derivado en la separación de familias, y en algunos casos han afectado a personas con documentación que les permite estar en Puerto Rico.
Organizaciones de la sociedad civil informaron a Amnistía Internacional que muchas de las personas detenidas son enviadas a centros de detención en EE.UU. para después ser deportadas, lo cual amplía las brechas para la protección legal y la comunicación con familiares.
En ocasiones, pasan varios días antes de que sus ubicaciones sean reportadas en el localizador en línea de personas detenidas por ICE.
Otras personas, presionadas por el miedo y la precariedad, son deportadas desde Puerto Rico al optar por el mecanismo que la ley de migración establece como “deportación voluntaria”.
Esto, según Piquer, ha producido un clima de terror que ha hecho que algunas personas migrantes suspendan sus actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo, buscar atención médica o abastecerse de alimentos.
A su vez, personas víctimas de delitos, entre ellas mujeres supervivientes de violencia basada en género, han desistido de presentar denuncias o solicitar protección por temor a ser detenidas y eventualmente deportadas.
