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Este viernes se presentó una demanda contra la decisión de la Corte Suprema de permitir a la Casa Blanca ampliar temporalmente su poder que respalda al presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una nueva demanda contra la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU., que permite a la Casa Blanca aplicar temporalmente una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump para restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales.
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La demanda, interpuesta junto con otras organizaciones civiles, busca proteger a nivel nacional a todos los niños afectados por la medida, la cual, según los demandantes, viola la Constitución de Estados Unidos, el propósito del Congreso y precedentes legales de larga data.
Una batalla por los derechos constitucionales
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal del caso declaró que todos los tribunales que analizaron la orden coinciden en que es inconstitucional. La demanda surge luego de que la Corte Suprema levantara bloqueos de tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts, permitiendo que la orden de Trump entre en vigor en 30 días para quienes no estén amparados por demandas previas.
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Al menos 22 estados, ciudadanos y familias han presentado recursos legales contra la medida. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, expresó su confianza en que la orden ejecutiva no podrá aplicarse. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que “esta flagrante extralimitación federal no quedará sin control”.
El abogado William Powell, del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, afirmó que el nuevo recurso será tan amplio como las órdenes judiciales que la Corte dejó sin efecto.
Consecuencias legales y sociales
Por el momento, la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, pero su fallo representa una victoria parcial para el presidente republicano, lo que ocasionado duras críticas por organizaciones de derechos civiles, líderes demócratas y defensores de inmigrantes, quienes consideran que debilita la protección legal contra el abuso de poder.
“Luchamos para garantizar que Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de ni un solo niño”, subrayó Wofsy.
La congresista Sylvia García, de Texas, calificó la decisión del Supremo como “peligrosa”, al considerar que socava una de las últimas líneas de defensa frente a acciones ejecutivas inconstitucionales.
EFE