Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá resolvieron este jueves “dejar sin efecto” la aplicación de una jubilación especial con el 100 % del actual salario que ellos devengan y que aprobaron para su beneficio mediante un acuerdo que generó un amplio rechazo y peticiones de su eliminación por varios sectores, incluido el Gobierno, por considerarlo inconstitucional.
La decisión fue adoptada hoy por el pleno de nueve magistrados de la CSJ a través del Acuerdo N° 614, “por el cual se deja sin efecto el Acuerdo N° 407 de 18 de julio de 2024, que establece la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial”.
Así el Supremo panameño indicó que, “entendiendo que el actual escenario económico no es el más idóneo para la implementación de la medida adoptada, se inclina por revertir dicha medida sin renunciar a los mandatos constitucionales y las previsiones contenidos en la mencionada decisión del pleno”.
La máxima corporación de justicia manifestó que la implementación del fondo de retiro para jueces y magistrados de la CSJ, fue “objeto de varios cuestionamientos políticos y sociales que desconocen la autonomía presupuestaria y financiera del Órgano Judicial”.
En ese sentido, el pleno de magistrados justificó que el Acuerdo 407 estableció un fondo de compensación por retiro “con el fin de incentivar una renovación ordenada del recurso humano y reconocer la trascendencia de la labor judicial”.
La medida había sido suspendida por el Supremo de Panamá el 13 de agosto pasado, pero fue considerado insuficiente e inconstitucional por expertos y representantes empresariales, que insistieron en su eliminación total.
La crisis se desató tras la publicación el pasado viernes en la gaceta oficial del Acuerdo 407, aprobado por la Corte en julio de 2024 y que crea un fondo de compensación que garantiza a los magistrados del pleno una jubilación con “el 100 % de la suma correspondiente al último salario devengado”, que actualmente, y tras un aumento de 4.000 dólares aprobado por ellos mismos el año pasado, es de 14.000 dólares mensuales, casi veinte veces el salario medio del país.
El diputado opositor y experto constitucionalista Ernesto Cedeño reclamó esa vez que el pleno de nueve magistrados del Supremo solo suspendió el efecto del acuerdo pero “no lo eliminaron”, que es lo que habían pedido las cúpulas empresariales, la ONG Transparencia Internacional y el Ejecutivo de José Raúl Mulino.
Ante el aumento salarial decidido en 2024 por los magistrados del Supremo, sus colegas del Tribunal Electoral aplicaron el principio de la “equiparación” y también se aprobaron un nuevo salario de 14.000 dólares mensuales.
Esto llevó a que incluso el ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmara el martes que pidió tanto al Supremo como al Tribunal Electoral que reconsideren esas medidas, porque están reñidas con el plan de austeridad y disciplina fiscal que impulsa el Gobierno.
“No hay dinero”, respondió por su parte el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al ser consultado sobre el alza salarial y de jubilaciones de los magistrados.
