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Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar efectivos militares a Chicago y Boston han encendido alarmas legales y políticas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana operativos en ambas ciudades, incrementando la presencia de agentes de inmigración (ICE). Su asesor Tom Homan adelantó que la Guardia Nacional podría desplegarse en urbes “santuario” en los próximos días.
Legalidad en duda
Juristas advierten que enviar tropas sin consentimiento local vulneraría la Constitución y el Posse Comitatus Act, que prohíbe a los militares realizar funciones policiales salvo en casos de insurrección. “Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal”, escribió Michael Waldman, del Brennan Center de la Universidad de Nueva York.
La semana pasada, un juez federal ya declaró “ilegal” el despliegue de marines en California durante protestas migratorias de junio, acusando al presidente de querer crear “una fuerza policial nacional”.
Tensiones con los estados
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció que la administración busca usar tropas de la Guardia Nacional de Texas en Chicago. Expertos advierten que esta maniobra podría violar el artículo IV de la Constitución y terminar en la Corte Suprema.
EFE
