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Este martes el Tribunal Supremo de EU aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca, una causa que el propio Trump considera vital para poder mantener en vigor su guerra comercial y sacar adelante su programa económico.
En una práctica poco común, los nueve magistrados escucharán las argumentaciones de las partes a principios de noviembre después de que el Trump elevara el caso ante el Supremo a raíz de que un tribunal de apelaciones determinara el pasado 29 de agosto que el Ejecutivo excedió su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles. Una coalición de pequeñas empresas y Estados demócratas afectados por la política económica aislacionista de Washington están de acuerdo con esas prisas.
No está claro cuánto dinero está en juego, pero los cálculos están entre 750 mil millones de dólares y un billón de dólares (trillón), advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una declaración presentada ante el Supremo la semana pasada.