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Este miércoles un juez federal anunció que reanudará una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno Trump violaron una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador, después que un tribunal de apelaciones le diera vía libre para continuar con la indagación.
De acuerdo con el Washington Post, en abril pasado el juez federal James Boasberg ordenó la investigación como parte de un proceso para declarar a la Administración del presidente Donald Trump en desacato por ignorar un fallo judicial y haber enviado a más de 200 migrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La orden había sido puesta en pausa después que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó el procedimiento para evaluar los argumentos del Gobierno Trump; no fue hasta este miércoles en una audiencia en Washington que el juez dijo que el tribunal de apelaciones le otorgó el permiso para continuar con la indagación.
“Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato”, aclaró el magistrado citado por el Washington Post.
Boasberg dijo que llamará a declarar a Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos de migrantes, de acuerdo al rotativo.
En un fallo de más de 40 páginas emitido en abril, Boasberg acusó al gobierno de haber ignorado con “completo menosprecio” la orden judicial que exigía detener los vuelos hacia el país centroamericano.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez en ese fallo. Permitir que el Ejecutivo “anule” decisiones de las cortes, agregó, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 el 14 de marzo, el conflicto se intensificó después de que la herramienta utilizada históricamente en tiempos de guerra se empleara para expulsar a cientos de venezolanos vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua. Al día siguiente, Boasberg bloqueó el uso de esa ley justo cuando dos aviones ya volaban rumbo a Centroamérica y ordenó su regreso.
Los aviones no regresaron y aterrizaron en El Salvador, lo que desató una batalla legal sin precedentes. En medio de las tensiones, Trump incluso sugirió someter al magistrado a un juicio político.
Además del caso colectivo por los vuelos, la Casa Blanca enfrenta otro litigio relacionado con Kilmar Ábrego García, un salvadoreño expulsado junto con el grupo de venezolanos y que fue regresado a Estados Unidos por orden de un juez.
EFE
