Imagen vía X NADA (National Automobile Dealers Association)
Este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, anunció la reversión de las normas de eficiencia de combustible establecidas en el gobierno de Joe Biden.
Acompañado por altos ejecutivos de Ford, General Motors y Stellantis en la Casa Blanca, el presidente calificó esas regulaciones como “ridículamente onerosas” y aseguró que frenaban la competitividad del sector y volvió a atacar lo que llama el “gran timo verde”, insistiendo de que existía un mandato federal para obligar a los estadounidenses a comprar autos eléctricos.
La medida busca desmontar los parámetros del Promedio Corporativo de Economía de Combustible (CAFE), que exigían a los fabricantes producir vehículos más eficientes y con menores emisiones. La Administración Nacional de Seguridad de Autopistas reducirá significativamente esos requisitos para los autos ensamblados en EE.UU., además de eliminar incentivos fiscales ligados a la eficiencia energética.
El Departamento de Transporte abrirá un periodo de comentarios públicos antes de formalizar las nuevas normas, mientras que se prevé que la Agencia de Protección Ambiental también flexibilice sus límites de emisiones para autos y camiones en los próximos meses.
Críticas, apoyos y una transición verde en retroceso
La decisión ha sido celebrada por fabricantes y legisladores republicanos, pero duramente cuestionada por organizaciones medioambientales. Dan Becker, del Centro para la Diversidad Biológica, advirtió que la medida “aumentará los gastos de gasolina para los consumidores y enviará a China el mensaje de que EE.UU. abandona este mercado”.
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha revertido múltiples políticas climáticas. Su reforma fiscal, migratoria y de defensa ya había eliminado las multas para fabricantes que incumplían estándares federales. Además, en junio bloqueó el plan de California de prohibir la venta de autos nuevos a gasolina a partir de 2035 y detener la transición eléctrica desde 2026.
El Congreso, de mayoría republicana, eliminó también créditos fiscales para la compra de autos eléctricos y recortó fondos para la producción nacional de baterías, debilitando aún más la industria emergente.
