Perú decomisa balas y droga escondidas en la cárcel de Lurigancho, la más grande del país

Lima, 2 feb (EFE).- Las autoridades de Perú decomisaron balas y droga en una requisa realizada en la prisión de Lurigancho, la más grande y una de los más hacinadas del país, situada en la capital Lima, según informó este lunes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



En la operación participaron miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), quienes ingresaron de manera simultánea en los pabellones 5 y 10 del penal “para recuperar el principio de autoridad y cerrar el paso a estructuras criminales que intentarían operar desde los centros penitenciarios”, señaló un comunicado oficial.



Durante la requisa se incautaron armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y munición de armas de fuego de 9 milímetros, que estaba oculta en paredes y desagües, por lo que se informó al Ministerio Público para que inicie las investigaciones del caso.



“No vamos a permitir que desde las cárceles se planifiquen o faciliten actos violentos que ponen en riesgo la vida de los peruanos”, declaró al respecto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.



El penal de Lurigancho se encuentra en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en el noreste de Lima, y aunque fue construido para albergar a 2.500 presos reúne actualmente a unos 10.000.



El operativo de este lunes fue liderado por Martínez, junto con el ministro de Defensa, César Díaz, y la presidenta interina del INPE, Shadia Valdez.



El ministro de Justicia agregó que estas intervenciones son parte de “una política sostenida y permanente” del Ejecutivo para buscar “desarticular las redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios”.



Al ofrecer un balance sobre la lucha contra la criminalidad en el país, el presidente de transición de Perú, José Jerí, aseguró el pasado 22 de enero que las cifras de violencia han comenzado a bajar después de tres meses de estado de emergencia declarado desde octubre en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, si bien matizó que los resultados “no son suficientes aún”.



El gobernante también dijo que muchos líderes criminales encarcelados pueden ser considerados sus enemigos porque “sus coordinaciones hacia afuera han sido limitadas” y reveló que varios integrantes de su equipo de trabajo han recibido amenazas por parte de mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato.



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