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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó a un tribunal federal en Brooklyn que desestime la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra la ciudad por sus políticas de “ciudad santuario”.
A través de un escrito “amicus curiae”, James respaldó a la administración municipal y argumentó que estas leyes son “esenciales para la seguridad pública”, ya que permiten que los inmigrantes denuncien delitos o colaboren como testigos sin temor a repercusiones migratorias.
El DOJ, alineado con la política del presidente Donald Trump de reforzar arrestos y deportaciones, sostiene que Nueva York obstruye la aplicación de la ley federal al limitar la cooperación policial con autoridades migratorias. Esta semana también presentó una demanda similar contra Nueva Jersey.
James defendió que la normativa local, vigente desde la década de 1980 y respaldada por administraciones republicanas y demócratas, es compatible con la legislación estatal y federal. Subrayó que la policía local no tiene facultad para detener personas por infracciones civiles migratorias, incluso a solicitud federal.
El actual alcalde, Zohran Mamdani, firmó además una orden ejecutiva para restringir la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EFE
