Imagen vía EFE
Este lunes un bufete de abogados estadounidenses presentó una nueva demanda, en nombre de varias empresas, e en contra del arancel del 15% que el Gobierno Trump quiere imponer después de que el Tribunal Supremo tumbará buena parte de su política arancelaria.
Liberty Justice Center, asociación sin fines de lucro que ya jugó un papel clave para que el máximo tribunal estadounidense anulara los “aranceles recíprocos”, ha presentado otra denuncia por los nuevos gravámenes ante Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en nombre de otro grupo de compañías distinto.
La demanda encabezada por las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!, ya habían litigado en ocasiones anteriores ante distintas instancias por el asunto de los aranceles; y se suma a una querella similar presentada la semana pasada un grupo de fiscales generales demócratas.
Los aranceles anteriores impulsados por Trump se sustentaban en la International Emergency Economic Powers Act of 1977, una ley de poderes de emergencia que el Tribunal Supremo determinó que no justificaba la imposición de esos gravámenes.
Tras ese revés judicial, la nueva medida arancelaria del 15% fue implementada bajo el Trade Act of 1974 – Section 122, que permite al Ejecutivo aplicar ciertas restricciones comerciales en circunstancias específicas. No obstante, la legislación establece límites claros y exige la participación del Congreso para extender o ampliar este tipo de medidas.
Pese a ello, Trump ha advertido que no planea solicitar autorización al poder legislativo, lo que podría abrir un nuevo conflicto institucional.
Mientras se desarrolla esta nueva disputa judicial sobre la legalidad de los aranceles, los tribunales estadounidenses también enfrentan otro frente delicado relacionado con la política económica del mandatario.
Está en juego el posible reembolso de unos 166 mil millones de dólares en aranceles que el Tribunal Supremo invalidó previamente.
Numerosas empresas afectadas por las tarifas se han unido para exigir compensaciones por los daños económicos sufridos, lo que podría representar un enorme costo para las finanzas públicas de Estados Unidos.