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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), en el que el país persiste esta práctica criminal.
El comité, integrado por expertos independientes, anunció recientemente una “medida excepcional” para solicitar a la Asamblea General de la ONU acciones dirigidas a México ante la gravedad del fenómeno. Sin embargo, la mandataria cuestionó su validez al señalar que el CED “no es parte de la ONU, sino un organismo vinculado”, y criticó que sus conclusiones se basen en casos ocurridos entre 2009 y 2017, que fueron extrapolados hasta 2025.
“Ignoraron el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito (…) vinculado principalmente con la delincuencia organizada y no con la visión de los gobiernos de izquierda”, afirmó.
Desde 2018, México es gobernado por el partido Morena, que ha atribuido a administraciones anteriores buena parte de las violaciones a derechos humanos registradas en el país.
No obstante, el problema de las desapariciones se ha mantenido en los últimos años pues, de acuerdo con cifras oficiales, México supera los 130 mil casos de personas desaparecidas, una cifra que ha crecido de forma sostenida en las últimas dos décadas, especialmente tras el inicio de la estrategia militar contra el narcotráfico.
El CED también informó que solicitará a la ONU fortalecer la cooperación con México mediante apoyo técnico, financiero y especializado para la búsqueda de personas y la investigación de posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había rechazado el informe, calificándolo como “tendencioso”.
Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una comunicación constante con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, con el fin de exponer los avances y explicar su postura frente al documento.
