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El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso este viernes ampliar los métodos de ejecución para condenados por delitos federales graves, en medio de dificultades para obtener los fármacos utilizados en las inyecciones letales.
De acuerdo con un informe oficial, el gobierno estadounidense considera incorporar prácticas como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas, con el objetivo de garantizar la aplicación de la pena capital incluso cuando no haya disponibilidad de medicamentos.
La medida responde a una promesa del presidente Donald Trump, quien impulsó el restablecimiento de las ejecuciones federales durante su primer mandato tras casi dos décadas de suspensión. En ese periodo, se llevaron a cabo 13 ejecuciones mediante inyección letal.
El documento fue presentado por el fiscal general interino Todd Blanche, quien además autorizó solicitar la pena de muerte en nueve nuevos casos, luego de que Trump revocara la moratoria impuesta por su antecesor, Joe Biden.
“Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación del protocolo para incluir métodos adicionales de ejecución”, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado, subrayando que también se busca agilizar los procesos internos relacionados con la pena capital.
El informe instruye a la Oficina Federal de Prisiones a modificar sus lineamientos para incorporar estos métodos, algunos de ellos ya contemplados en legislaciones estatales. Entre ellos destaca la asfixia con gas, un procedimiento implementado recientemente en Alabama.
Según el documento, esta diversificación permitirá al sistema federal continuar con las ejecuciones “de manera legal” incluso ante restricciones en el suministro de sustancias utilizadas en las inyecciones.
El giro en la política contrasta con la administración de Biden, quien conmutó las sentencias de 37 reclusos en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres condenados en esa condición.
Con esta propuesta, el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos vuelve al centro de la discusión pública, en un contexto marcado por tensiones legales, éticas y políticas.
