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El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que analiza junto con la Legislatura estatal imponer un impuesto del 100% a los residentes que reciban dinero del fondo impulsado por el Gobierno de Donald Trump para compensar a aliados investigados o procesados tras el asalto al Capitolio de 2021.
La medida surge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara la creación de un fondo de aproximadamente 1.776 millones de dólares destinado a personas que, según la administración Trump, fueron víctimas de la “instrumentalización” de la justicia durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
El programa incluiría a participantes condenados por el ataque al Asalto al Capitolio de Estados Unidos de 2021 ocurrido el 6 de enero de 2021.
“Queremos gravar el 100 % de esos ingresos y esa es una medida que el estado de California puede adoptar. Es una medida que estamos deseando llevar a cabo”, declaró Newsom durante una conferencia de prensa.
El mandatario demócrata considera que los recursos públicos no deberían utilizarse para beneficiar a personas involucradas en la irrupción violenta al Capitolio.
La iniciativa de California podría extenderse a otros estados gobernados por demócratas. En Nueva York, el asambleísta Alex Bores presentó una propuesta similar para aplicar impuestos del 100 % sobre cualquier pago proveniente del fondo federal a residentes neoyorquinos.
En un video publicado en la red social X, Bores criticó que Trump utilice dinero de los contribuyentes para recompensar a personas relacionadas con la insurrección del Capitolio y otros aliados políticos.
“Es sencillo: si usted es neoyorquino y toma dinero de este fondo discrecional ilegal, el estado de Nueva York le cobrará impuestos sobre el 100 % de esa suma”, afirmó el legislador.
Entre quienes ya han manifestado interés en solicitar recursos del fondo se encuentra Enrique Tarrio, exlíder del grupo ultraderechista Proud Boys, condenado por su participación en los hechos del 6 de enero.
La propuesta ha intensificado el choque político entre gobiernos estatales demócratas y la administración Trump, mientras continúan las disputas sobre las consecuencias legales y políticas del ataque al Capitolio.
