Imagen vía captura Facebook The White House
Donald Trump firmó este lunes dos órdenes ejecutivas para reducir áreas de tierras protegidas en Utah para la extracción de combustibles fósiles y para minería.
Las órdenes reducen la extensión de los monumentos nacionales Grand Staircase-Escalante y Bear Ears, y forman parte de una serie de medidas impulsadas por su administración para flexibilizar las regulaciones ambientales y facilitar el aprovechamiento de recursos naturales.
Durante la firma en la Casa Blanca, acompañado por el gobernador de Utah, Spencer Cox, y legisladores republicanos, Trump aseguró que la medida representa una corrección al «exceso de intervención federal» sobre el uso de estas tierras.
«Estamos haciendo algo muy dramático y muy importante para la gente de Utah y la gente de nuestro país», afirmó el mandatario.
Con las nuevas órdenes, Grand Staircase-Escalante, reconocido por su riqueza paleontológica, reducirá su superficie en un 91%, mientras que Bear Ears perderá el 90% de su extensión protegida.
Las órdenes ejecutivas argumentan que las zonas contienen importantes reservas de energía y minerales críticos, cuya explotación consideran esencial para fortalecer la independencia energética y la seguridad nacional de Estados Unidos.
No es la primera vez que Trump modifica la protección de estos territorios. En 2017, durante su primer mandato, ya había reducido el tamaño de ambos monumentos nacionales, aunque el expresidente Joe Biden restableció sus límites originales en 2021.
La medida se produce días después de que el Gobierno también aprobara una modificación a la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), que limita la definición de «daño» ambiental al excluir la degradación significativa del hábitat, una decisión que organizaciones ambientalistas consideran una amenaza para la conservación de ecosistemas.
Diversos grupos conservacionistas anticiparon que impugnarán nuevamente la decisión en los tribunales. Earthjustice sostiene que la Ley de Antigüedades de 1906 únicamente faculta al presidente para crear monumentos nacionales, pero no para reducirlos o eliminarlos, una atribución que, afirman, corresponde exclusivamente al Congreso.
