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El gobierno de Maine aprobó tres leyes para para limitar la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en escuelas, centros de salud, hogares y otros espacios.
Las medidas conocidas como “ICE Out”, que entrarán en vigor este miércoles, fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump. La gobernadora demócrata Janet Mills permitió que las normas fueran aprobadas sin estampar su firma.
Las leyes fueron promovidas dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán, quien falleció durante una intervención de agentes federales en Biddeford, al sur del estado.
Una de las normas, denominada “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y la agencia migratoria. Entre otras disposiciones, prohíbe trasladar a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, mantenerlos retenidos por solicitudes de ICE o informar a la agencia sobre sus fechas de liberación.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Maine sostiene que esta medida busca evitar que las personas migrantes dejen de acudir a la policía local por temor a enfrentar consecuencias migratorias.
Restricciones en escuelas y centros de salud
La segunda ley, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, establece que el personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales podrá negar el acceso a agentes migratorios o restringir su acceso a determinada información cuando no presenten una orden judicial.
La medida modifica el escenario que existía durante décadas, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia de la que forma parte ICE, mantenía restricciones para realizar detenciones migratorias en lugares considerados sensibles.
Esa política fue revocada por Trump después de asumir nuevamente la presidencia en enero de 2025.
La tercera norma, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios proporcionen a ICE información personal de sus inquilinos sin una orden judicial y establece protecciones ante posibles presiones o intimidaciones por parte de agentes migratorios.
Maine se suma a otros estados
Con la entrada en vigor de estas leyes, Maine se incorpora a la lista de estados que han adoptado medidas para limitar la cooperación de autoridades locales con ICE. Entre ellos se encuentran Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados.
Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine, señaló que las nuevas disposiciones buscan que las personas puedan trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, recibir atención médica o solicitar ayuda sin temor a que las instituciones locales sean utilizadas para aplicar las leyes federales de inmigración.
Por su parte, el asesor jurídico de la ACLU, Zach Heiden, advirtió que la organización no espera que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, aunque confía en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las implementen.
La ACLU también ha cuestionado el crecimiento de los recursos otorgados a ICE durante la Administración Trump. La organización afirma que este incremento ha ampliado las facultades de la agencia sin que se hayan fortalecido de manera proporcional los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Con las nuevas leyes, Maine busca establecer límites claros entre sus instituciones locales y la aplicación de las políticas migratorias federales, en un contexto de creciente tensión entre gobiernos estatales y la Administración Trump por las operaciones de ICE.
EFE
