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Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, en el marco de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
De acuerdo con el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, ambos funcionarios participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
Seye ocupa actualmente el cargo de fiscal interino de la CPI.
Las medidas provocaron una respuesta inmediata de la Corte Penal Internacional, que calificó las sanciones como un ataque contra el Estado de derecho. El organismo advirtió que las amenazas contra funcionarios encargados de aplicar la ley ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
Tomoko Akane es jueza de la CPI desde marzo de 2018 y actualmente preside el tribunal, antes de incorporarse a la institución, desarrolló una extensa carrera en el sistema judicial japonés.
Fue fiscal desde 1982 y trabajó en distintas oficinas de la Fiscalía Pública de Japón, incluida la Fiscalía Suprema. También participó en actividades legislativas y en programas de cooperación internacional relacionados con la justicia penal.
Entre 2005 y 2009 fue profesora de práctica de justicia penal en las facultades de Derecho de las universidades de Nagoya y Chukyo y colaboró durante casi una década con el Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes de Naciones Unidas.
¿Por qué Washington sanciona a funcionarios de la CPI?
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional, y no reconoce la jurisdicción del organismo. Para la administración Trump, la CPI es una institución “politizada” que ha excedido sus facultades y amenaza la soberanía estadounidense y la de sus aliados.
En los últimos meses, Washington ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales de la CPI, particularmente por las investigaciones relacionadas con Israel.
La CPI emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, en relación con la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes contra integrantes de Hamás.
Las sanciones estadounidenses contemplan medidas como restricciones de viaje a Estados Unidos y congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense.
El nuevo episodio profundiza así el enfrentamiento entre Washington y la CPI y abre otro capítulo en la disputa sobre los límites de la jurisdicción de la justicia penal internacional.
