Imagen vía Facebook Universidad de Cornell
La Fiscalía de Nueva York reabrió este lunes la investigación por la presunta violación grupal de una exalumna de la Universidad de Cornell, luego de que la abogada de la mujer presentó una demanda civil alegando que la universidad no sancionó adecuadamente a los acusados.
El fiscal de distrito de Tompkins, Matthew Van Houten, declaró a la ABC News que su oficina planea presentar el caso ante un jurado investigador, luego de que la investigación inicial de la agresión ocurrida en 2024 no derivó en cargos penales. Van Houten afirmó que las alegaciones de la demanda civil eran “radicalmente diferentes” a la declaración que la mujer hizo a la policía hace dos años, en el momento del presunto incidente.
Las inquietantes acusaciones sobre la agresión a la exalumna, identificada como Jane Doe, ya han desatado críticas en todo el mundo y han vuelto a poner de relieve la forma en que las universidades gestionan las denuncias de agresión sexual por parte de los estudiantes.
“Nuestra intención es presentar el caso ante el jurado investigador del condado de Tompkins con la cooperación de la demandante”, declaró Van Houten y señaló que buscan determinar si existe nueva evidencia que pueda modificar la evaluación realizada originalmente y conducir a la determinación de que ocurrió una conducta delictiva.
Hasta ahora, ninguno de los siete estudiantes señalados en la demanda ha sido acusado penalmente.
La demanda contra Cornell
La demanda civil, presentada el 16 de septiembre, tiene 101 páginas y acusa a la Universidad de Cornell de negligencia, incumplimiento de contrato, agresión sexual y violaciones de la Ley de Derechos Humanos de Nueva York.
La demandante sostiene que tenía 20 años cuando acudió a la casa de la fraternidad Chi Phi el 19 de octubre de 2024 y que, previo a su arribo, había consumido alcohol y que posteriormente fue presionada para ingerir más bebidas y consumir una sustancia que, según le dijeron, era ketamina.
La demanda afirma que posteriormente siete integrantes de la fraternidad participaron en una agresión sexual contra ella cuando se encontraba incapacitada para otorgar su consentimiento.
Como parte de la evidencia presentada en el proceso civil, la demandante incluyó una imagen de una conversación de un grupo de Snapchat en la que uno de los integrantes de la fraternidad habría invitado a otros miembros a subir a una habitación donde se encontraba Doe.
El incidente fue denunciado ante el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024 por la víctima pero que la investigación penal inicial no derivó en cargos.
Van Houten explicó que la Fiscalía no presentó cargos en 2024 porque, de acuerdo con la declaración que entonces proporcionó Doe, ella no había señalado haber sido drogada sin su consentimiento ni haber sido obligada a participar en actos sexuales.
El fiscal también indicó que la fotografía del chat grupal incluida posteriormente en la demanda civil no había sido entregada a su oficina durante la investigación inicial.
Ante estos señalamientos, el abogado de Doe, Thomas P. Giuffra, rechazó la caracterización de la Fiscalía y sostuvo que el contenido del informe policial no difiere sustancialmente de las acusaciones incluidas en la demanda. También cuestionó que la Fiscalía no hubiera realizado una investigación independiente más amplia ni entrevistado nuevamente a la denunciante durante el proceso inicial.
La reapertura permitirá a los fiscales revisar las nuevas alegaciones y determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso ante un jurado investigador.
Cornell defiende su actuación
Por su parte la Universidad de Cornell declaró que respalda la decisión del fiscal Van Houten de permitir que Doe presente su versión ante un jurado investigador y rechazó las afirmaciones de que los estudiantes señalados, recibieron únicamente la posibilidad de realizar trabajos escritos como consecuencia de las acusaciones.
Cornell señaló que realizó una investigación formal bajo el Título IX, independiente del proceso penal, en la que un panel integrado por profesores y personal capacitado revisó las pruebas durante varios días y afirmó que se impusieron distintas sanciones contra los involucrados, incluidas suspensiones y expulsiones, aunque no proporcionó detalles individuales debido a las leyes federales de privacidad estudiantil.
Además, Cornell indicó que prohibió el acceso al campus a la sección Xi de la fraternidad Chi Phi y creó un grupo de trabajo sobre agresión sexual después del incidente.
Uno de los abogados que representa a un estudiante señalado negó cualquier conducta indebida de su cliente y sostuvo que la Fiscalía no presentó cargos porque, según su interpretación, los hechos denunciados no ocurrieron como se describen en la demanda.
Cornell University supports the decision of the Tompkins County District Attorney to provide an opportunity for the victim’s story in the 2024 Chi Phi fraternity sexual assault case to be heard by a criminal grand jury.
— Cornell University (@Cornell) September 28, 2026
Our statement: https://t.co/FIW8I8JYlU
El caso vuelve al escrutinio público
La reapertura de la investigación ocurre en medio de un debate sobre la respuesta de las universidades estadounidenses ante las denuncias de agresión sexual.
La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se refirió al caso durante un foro celebrado en Ithaca y cuestionó las prácticas institucionales relacionadas con las denuncias de violencia sexual. De igual manera, la actriz Florence Pugh también expresó públicamente su apoyo a Jane Doe a través de redes sociales.
Por ahora, las acusaciones contenidas en la demanda civil no constituyen una determinación judicial de responsabilidad penal. La Fiscalía deberá revisar la nueva información y será el jurado investigador el que determine si existen elementos para avanzar hacia posibles cargos.
