Washington, 19 may (EFE).- Al menos 50 venezolanos enviados por el Gobierno del presidente Donald Trump a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ingresaron legalmente a Estados Unidos, según una investigación revelada este lunes por el Instituto Cato.
A mediados de marzo, la Administración decidió trasladar a más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, al Cecot, una cárcel salvadoreña de máxima seguridad notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
La Casa Blanca siempre ha asegurado que los expulsados eran “extranjeros ilegales”, pero el informe de Cato encontró que, de los 90 inmigrantes de los que se conoce el método de cruce, 50 hombres informaron que ingresaron legalmente a Estados Unidos, con permiso previo del Ejecutivo estadounidense.
El número podría ser mayor ya que no se ha podido analizar todos los casos, debido en gran parte a la negativa del Gobierno de Trump de revelar la información sobre los inmigrantes encarcelados en el Cecot.
Estos inmigrantes legales incluyen a un titular de visa temporal y cuatro hombres que fueron autorizados a viajar a través del programa de refugiados de Estados Unidos.
Cato destaca que, en el caso de los refugiados, el Gobierno investigó a estos extranjeros y concluyó que enfrentarían persecución en su país, permitiéndoles reasentarse en Estados Unidos.
Los otros 45 inmigrantes legales programaron citas a través de CBP One, aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de la cual se les permitió solicitar la entrada. Trump eliminó la aplicación a pocos días de llegar a la Presidencia.
Entre quienes tenían cita, 24 obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos, donde pudieron vivir y trabajar legalmente hasta por dos años, mientras que los otros 21 fueron detenidos en el puerto de entrada para presentar sus casos.
El informe resalta que estos 50 inmigrantes venezolanos “no violaron” ninguna ley migratoria estadounidense, pero la Administración de Trump “los despachó sin el debido proceso y los envió a una prisión extranjera”.
La Corte Suprema prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.
El presidente republicano invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos.
El uso por parte del Gobierno estadounidense de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.
