San José, 24 oct (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua propuso este viernes al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, restaurar la democracia para evitar que Estados Unidos imponga al país una subida del 100 % de aranceles o lo expulse del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).
“Reafirmamos nuestro compromiso con una salida cívica, pacífica y democrática que devuelva la libertad, las oportunidades у la esperanza a nuestra patria”, abogó la Alianza Cívica, que fue la contraparte del Gobierno de Nicaragua en las negociaciones fracasadas de 2018 y 2019 para superar la crisis que vive el país desde abril de 2018.
“Sabemos que el cambio es posible. La dignidad del pueblo nicaragüense es más fuerte que la represión. Nicaragua merece vivir sin miedo, en libertad y con trabajo digno”, continuó la agrupación opositora, en un mensaje público, divulgado desde el exilio.
El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del DR-Cafta tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas “irrazonables” de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que “las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
Responsabilizan a Ortega y Murillo por futuro de Nicaragua
En su mensaje, la Alianza Cívica condenó “con firmeza las graves violaciones a los derechos humanos, laborales y ciudadanos cometidas por el régimen” de Ortega y Murillo, a quienes responsabilizan por las sanciones.
La Alianza aseguró que “el régimen ha arrebatado al pueblo nicaragüense su derecho a expresarse, organizarse y vivir en democracia”, y que “ha perseguido a la Iglesia, periodistas, médicos, obreros, campesinos, docentes, empresarios, servidores públicos y a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense”.
“La responsabilidad de esta crisis no recae en el pueblo nicaragüense ni en las naciones democráticas que defienden los derechos humanos, sino en el régimen que ha violado toda norma ética, legal y humana”, insistió la Alianza, que expresó su “solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores que viven con incertidumbre y miedo por su futuro”.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del DR-Cafta, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU.
