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Dos jueces federales en Florida han solicitado al Gobierno estatal y al federal detalles sobre el funcionamiento del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, al oeste de Miami. La jueza Kathleen Williams pidió los acuerdos entre Florida, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además del más reciente estudio de impacto ambiental del sitio, ubicado en una antigua pista de aterrizaje en los Everglades.
Demandas por derechos humanos y ambientales
El centro enfrenta dos demandas: una de defensores de migrantes, encabezada por la ACLU y Americans for Immigrant Justice; y otra de ambientalistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity. Ambos grupos denuncian la falta de claridad sobre quién es responsable del lugar, lo que, aseguran, permite que el estado y el Gobierno federal evadan sus obligaciones legales.
Preocupación por vuelos de deportación
La alarma aumentó tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis de que el DHS ya realiza vuelos de deportación desde el centro. La instalación tiene capacidad para 2.000 personas, pero se espera que aumente a 4.000.
Activistas denuncian condiciones inhumanas
En la última semana, decenas de familiares y activistas protestaron frente al sitio, que describen como una “jaula para perros”. Desde su apertura el 3 de julio, ya se han hospitalizado a seis personas de las mil detenidas. Aún no hay claridad sobre los protocolos de acceso legal ni sobre las condiciones reales dentro del centro.
EFE
