Yuba, 26 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur impusieron este miércoles por la noche un arresto domiciliario al vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar, en medio de un clima de creciente tensión política que despierta temores de un regreso a la guerra civil en el país.
El portavoz oficial del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), Pal Mai Deng, confirmó a EFE la medida, calificándola como una acción “desafortunada” que vulnera el acuerdo de paz revitalizado de 2018.
“Con gran preocupación, puedo confirmar que el vicepresidente primero y líder del SPLM-IO, Riek Machar, ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Se trata de una medida que va en contra de lo pactado en el acuerdo de paz”, declaró Deng.
Las fuerzas de seguridad se desplegaron en torno a la residencia de Machar a principios de marzo, aunque este ha podido desplazarse hacia su oficina hasta ahora.
Deng, que también es el ministro de Agua e Irrigación en virtud del acuerdo de reparto de poder, advirtió que esta decisión socava los avances alcanzados hasta el momento.
Asimismo, subrayó que Machar había regresado a Yuba bajo la presión de líderes regionales e internacionales con el objetivo de promover la paz y la estabilidad en Sudán del Sur.
En este contexto, acusó a la comunidad internacional de no ejercer suficiente presión sobre el presidente sursudanés, Salva Kiir, para que cumpla plenamente con el acuerdo de 2018.
“La comunidad internacional debe garantizar la seguridad física de Machar. Cualquier acción que comprometa su seguridad será un obstáculo para la sanación nacional y la reconciliación en Sudán del Sur”, manifestó el portavoz, preocupado por que Machar pueda ser trasladado de su domicilio a otra ubicación.
“La información dada a Machar es que debe ser puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, los mismos funcionarios de seguridad volvieron a informarle más tarde de que sería trasladado de casa”, agregó.
Sudán del Sur fue escenario de un lustro de guerra que provocó la muerte de unas 400.000 personas y que terminó con un acuerdo de paz en 2018, un pacto que sirvió para repartir el poder entre el Gobierno y la oposición pero cuyas principales disposiciones nunca se han llegado a implementar.
