Lima, 10 sep (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, afirmó este miércoles que el Gobierno de su país no cuestiona al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino los pronunciamientos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se opone a una ley de amnistía aprobada por el Ejecutivo de Dina Boluarte.
“Lo que nosotros cuestionamos no es el Sistema Interamericano, sino las facultades de una corte que consideramos que, en primer lugar, no actúa de manera subsidiaria con relación a un tema en particular”, sostuvo Arana durante una rueda de prensa.
El primer ministro añadió que, para el Ejecutivo peruano, “en este caso lo correcto es que se agote, en primer lugar, la jurisdicción interna y luego se acuda a la jurisdicción externa”.
“En segundo lugar, lo que consideramos también es que este tipo de acciones rebasan las facultades que toda corte puede tener en particular”, acotó.
Este miércoles, Boluarte defendió la amnistía que promulgó en agosto pasado y reiteró que “el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defendiendo siempre la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a construir su propia historia sin injerencias”.
La ley de amnistía alcanza a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de comités civiles de autodefensa que son investigados y procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En sus declaraciones de este miércoles, Arana informó que durante una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada esta semana en Suiza, Perú señaló “con mucha claridad que es respetuoso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en general de los derechos humanos”.
Permanencia en el sistema de derechos humanos en evaluación
A pesar de ello, el primer ministro también recordó que en junio pasado, cuando se presentó ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza a su gestión, propuso la creación de una comisión “que estudie la posibilidad de que el Perú examine su permanencia en el Sistema Interamericano”.
Señaló que, tras eso, se establecieron equipos de trabajo con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, por lo que actualmente el Estado “va a seguir evaluando esta posición”.
“Es un trabajo prolijo que hay que hacer”, remarcó antes de reconocer que los jueces “tienen autonomía e independencia al tomar sus decisiones” por lo que pueden decidir si aplican o rechazan la norma promulgada, tal como ya ha sucedido.
Sin embargo, remarcó que le extraña que la Corte IDH “se haya permitido, en una resolución, decirles a los jueces del Perú cómo deben sentenciar. Y eso es inaceptable”.
El pasado viernes, la Corte IDH dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la ley de amnistía, “a fin de que no surta efectos jurídicos” hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema, en una posición que el Gobierno de Perú calificó de “inaceptable”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.
