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La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó este jueves investigar supuesto plan de EU para financiar ultraderecha con el fin de interferir en el debate político y deslegitimar a la Corte Suprema del país.
La solicitud surge tras la publicación del periódico británico The Guardian, en la que se plasma que el Departamento de Estado de EU desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa ‘Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil’.
La investigación titulada ‘La Administración Trump desvía recursos destinados a los derechos humanos para promover una agenda de extrema derecha en el exterior’ tuvo gran repercusión en la prensa brasileña.
De acuerdo con la AGU, los recursos presuntamente habrían sido dirigidos a redes y organizaciones que operan en Brasil con el objetivo de influir en el debate político e institucional y cuestionar la actuación de la Corte Suprema, por lo que solicitó identificar a los responsables de la operación y a los posibles destinatarios de los recursos en territorio brasileño.
También señaló que, de confirmarse los hechos, podría existir una estructura de injerencia extranjera en asuntos internos del país.
La AGU consideró especialmente relevante la información debido a que la solicitud se presenta pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil.
El organismo aclaró que la libertad de expresión y el derecho a criticar a las instituciones están protegidos por la legislación brasileña, pero sostuvo que la Constitución establece principios de soberanía, independencia y no intervención extranjera.
La investigación de The Guardian señala que la administración de Donald Trump habría destinado más de 175 millones de dólares provenientes del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para decenas de proyectos internacionales relacionados con distintas agendas conservadoras.
Entre los proyectos mencionados también aparece una partida de cinco millones de dólares para Reino Unido destinada a un grupo que cuestionaba leyes de seguridad en internet y medidas contra el discurso de odio.
Consultado por The Guardian, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que no comentaría específicamente sobre las partidas mencionadas. No obstante, defendió que algunos de sus proyectos en Europa buscan respaldar a países aliados frente a quienes, según su postura, buscan debilitar sus derechos, principios y soberanía.
La información sobre el supuesto financiamiento se conoce en un contexto de tensiones entre Washington y Brasil. Durante la administración Trump, Estados Unidos ha impuesto medidas comerciales y sanciones contra funcionarios brasileños, incluidos integrantes del Supremo Tribunal Federal.
La AGU pidió que las autoridades brasileñas determinen si los recursos señalados fueron efectivamente transferidos y, en caso de confirmarse irregularidades, identifiquen a los responsables y receptores.
